Gobierno, CCOO-UGT y patronal dinamitan los convenios colectivos.

Se impone la “flexibilidad interna” exigida por el Fondo Monetario Internacional

El pasado jueves 12 mayo, en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT -Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez - y el presidente de la patronal CEOE Juan Rosell ultimaban las líneas generales de la última contrarreforma que se impondrá en el ‘mercado laboral’ en el Estado español. Una de las conquistas obtenidas mediante las luchas de varias generaciones de trabajadores, los convenios colectivos, ha terminado por sucumbir ante el empuje de la ortodoxa receta económica neoliberal que, con el imprescindible apoyo de las dos centrales sindicales mayoritarias, impone actualmente en Estado español el Ejecutivo socialdemócrata de Rodríguez Zapatero...


El pacto alcanzado sindicatos, empresarios y Gobierno supondrá, en primer término, el fin de la prórroga que actualmente se aplica a los convenios después de que concluye su periodo de vigencia y en tanto se discute los términos de su renovación. De ahora en adelante, el "diálogo" se llevará a cabo de manera expeditiva, tal y como exigía la patronal española. Si no se llega a un acuerdo tras unos plazos que se establecerán en el nuevo pacto, un árbitro o mediador resolverá el conflicto y las partes deberán acatarlo. Un procedimiento que fue ensayado recientemente, con el arbitraje del ex ministro del Partido Popular Manuel Pimentel en el conflicto entre el Ministerio del Interior, responsable de AENA, y los controladores aéreos.

La finalidad principal de la contrarreforma de los convenios colectivos, sin embargo, es introducir en los mismo la llamada "flexibilidad interna". Esta "flexibilidad" tendrá como consecuencia, tal y como se establece en el texto que se firmara próximamente, que "los convenios estarán en permanente evolución desde su firma a la finalización de su vigencia". Es decir, que las empresas podrán imponer sus propios convenios descolgándose de los de nivel sectorial o provincial, aun cuando éstos estén en plena vigencia. Una de las reclamaciones fundamentales en este terreno del Fondo Monetario Internacional y el Banco de España. "Una empresa tiene que poder empeorar las condiciones del convenio colectivo del sector si no puede cumplir" -aclara Juan José Dolado, catedrático de economía de la Universidad Carlos III- exponiendo el punto de vista empresarial a este respecto. Hasta este momento la legislación vigente sólo permite que los convenios de empresa mejoren lo que establecen los convenios de ámbito superior (sectores, autonomías, o provincias). En la práctica, pues, el nuevo pacto supone dinamitar los cimientos de la negociación colectiva, circunscribiendo el conflicto laboral a un ámbito en el que se reduce significativamente la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos. Esta modificación, la más importante de los últimos 30 años, concederá a los empresarios la posibilidad de modificar horarios, jornadas , funciones, etc., sin más limitaciones que las establecidas en su propia empresa.

Y ahora a por los salarios

La "flexibilidad" acordada, no obstante, se pretende que alcance muy pronto a los salarios. La patronal española – avalada por sus numerosos portavoces mediáticos y académicos- exige que los salarios dejen de actualizarse conforme a la inflación, para ligarse a la "productividad". La justificación para aplicar esta medida, que supondrá una progresiva pérdida de poder adquisitivo por parte de la población trabajadora, se justifica como anteriores contrarreformas por su supuesta “necesidad” para luchar contra el desempleo. "Si los salarios fueran lo suficientemente flexibles – añade el catedrático Juan José Dolado en defensa del nuevo recorte de derechos laborales - el ajuste no tendría que llegar los despidos". Comisiones Obreras y UGT ya han expresado su intención de llegar a un acuerdo con los representantes del gran empresariado español también en relación a los salarios, aunque se realizará en una negociación posterior a la de los convenios colectivos. Tras la reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa, no obstante, Cándido Méndez, secretario general de UGT, adelantaba que está "dispuesto a discutir el modelo salarial, con todas las consecuencias".


*Ernesto Gutiérrez (Canarias-Semanal)

"Telefónica nos estafa y se ríe de todas y todos"

Los 40 grandes empresarios con el presidente de Telefónica a la cabeza, sr. Alierta y el jefe de uno de los bancos más poderosos del mundo, el Banco Santander, sr. Botín, vienen asaltando al gobierno y al parlamento, diciéndoles cuáles son las políticas que se deben aplicar contra trabajadores/as públicos y privados, pensionistas, mujeres, jóvenes, migrantes, “sin que les tiemble el pulso” teniendo claro que estos empresarios y banqueros, nadie los ha elegido para que gobiernen el país.

El día 14 de abril, Telefónica comunica a la sociedad que han ganado la astronómica cifra de 10.167 Millones de euros de beneficios netos y, a la vez, informan al Gobierno y a la sociedad que en tres años despedirán a 6.000 trabajadores/as para ahorrar costes (el 20% de la plantilla en España), externalizarán servicios, es decir, subcontratarán fuera parte de las funciones, se incrementarán los salarios en función de la variable de la productividad y que además, se hará como hasta ahora, con el consenso de los agentes sociales (CC.OO y UGT), con la autorización del Ministerio de Trabajo y con el pago por parte del erario público (caja común de la Seguridad Social) de al menos 100 Millones de euros por año.

Que el presidente de Telefónica comunique a la sociedad que va a proceder con este fraude social y jurídico (el ordenamiento laboral español no admite expedientes de extinción de empleo en empresas con beneficios, bajo ningún concepto) y que el fiscal del Estado no actúe de oficio llevando a los Tribunales al Sr. Alierta como principal responsable por instigar un fraude de ley y atentar contra los intereses generales de la economía, no muestra sino que vivimos en un sistema democrático falso, donde unos pocos, grandes empresarios y el sistema financiero, sencillamente violan las leyes y se ríen del sistema demostrando que es mentira que la ley sea igual para todos y todas.

Telefónica con su presidente anterior, Juan Villalonga, el amigo del expresidente Aznar, el de la privatización de la empresa pública (Telefónica de España), desde 1999, destruyó 10.849 puestos de trabajo, por el mismo método jurídico formal y consenso social: firma con los agentes sociales CC.OO y UGT y autorización del Ministerio de Trabajo.

Telefónica más los empresarios de las empresas cotizadas del Ibex 35, obtuvieron 48.194,3 Millones de euros de beneficios netos en el 2010, un 20% ¿más? que en el año anterior. Estas Empresas y sus empresarios y gestores, han disminuido sus plantillas en un 4,3% en el 2010. Sus consejeros, presidentes y alta dirección, percibieron de media en conceptos de rentas/salarios/pensiones, más de 1,5 millones de euros en el 2010. Alguno de sus directivos/consejeros ganan en una hora lo que 126 trabajadores perciben en un año como salarios.

CGT denuncia no solo la injusticia social de este sistema de mercado, denominado capitalismo, sino que acusa de fraude social a todos estos empresarios y gestores que encima nos dicen y nos imponen por medio del brazo político (legislativo y ejecutivo), trabajar más, cobrar menos y jubilarnos más tarde.

Desde CGT acusamos al Gobierno y al Parlamento de connivencia con los poderes económicos por su falta de responsabilidad y firmeza en la defensa del interés público general.

Las personas asalariadas, trabajadoras, pensionistas, mujeres, jóvenes, migrantes, la población... tenemos el derecho y el deber de revelarnos contra las políticas injustas y desobedecer sus leyes que sólo atentan contra las clases populares. Sólo nos dejan una saĺida: la movilización, la revuelta social que nos conduzca a la justicia y la libertad.

Secretariado Permanente de la CGT